El medio rural ha sido el gran olvidado del desarrollo socioeconómico de las últimas décadas. La despoblación es el exponente del fracaso de un modelo de crecimiento desigual y desequilibrado que además está en el origen de la emergencia climática en que se encuentra nuestro planeta.
Pero esa es sólo una cara de la moneda. La otra cara es que el medio rural es el principal activo con que contamos para hacer frente al cambio climático. Es el territorio de la biodiversidad, de la masa verde consumidora del CO2 producido en los núcleos urbanos, de la agricultura sostenible, y también de la cultura de la resiliencia y adaptación dinámica a las condiciones climatológicas adversas.
Si antes de la llegada del coronavirus era ya evidente la necesidad de un cambio de paradigma que sustituyera el crecimiento indefinido por el crecimiento sostenible, la pandemia que estamos padeciendo ha puesto de manifiesto otras carencias esenciales, no sólo en los servicios en sí, sino, más grave aún, en las infraestructuras necesarias para ofrecer los servicios necesarios durante la crisis sanitaria y para la reconstrucción económica posterior. Servicios públicos digitales, como las plataformas de educación a distancia que han puesto en marcha las entidades educativas de educación secundaria o universitaria, o las soluciones de video-asistencia sociosanitaria a mayores que viven solos, necesitan de infraestructuras públicas digitales.
